Contrato privado o contrato público

Cuando se compara contrato privado o contrato público, en realidad normalmente se está hablando de documento privado frente a documento público o escritura pública, no de una categoría general autónoma de contratos distinta por sí misma. Tampoco se trata, salvo esta aclaración para evitar confusiones, de la contratación del sector público, que responde a un régimen administrativo específico.

En derecho español rige la libertad de forma con los límites legales: por la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil, las partes pueden pactar lo que tengan por conveniente dentro de la ley, la moral y el orden público; y, conforme al artículo 1278, los contratos obligan cualquiera que sea su forma si concurren los requisitos esenciales para su validez. La diferencia práctica suele estar menos en que el contrato “exista” y más en cómo se prueba, qué fecha puede acreditarse y qué efectos despliega frente a terceros en un contrato entre particulares.

Qué diferencia hay entre un contrato privado y un contrato público

La idea clave es sencilla: un contrato privado puede ser válido aunque no se otorgue ante notario, siempre que reúna consentimiento, objeto y causa. En cambio, el documento público, definido en el artículo 1216 del Código Civil como el autorizado por notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas, puede aportar ventajas relevantes de prueba, fecha y oponibilidad frente a terceros, según el supuesto.

Por tanto, la comparación correcta no es tanto entre dos contratos esencialmente distintos, sino entre la forma documental elegida. Un mismo acuerdo puede plasmarse en documento privado o elevarse a escritura pública. La validez del negocio, la necesidad legal de cierta forma en casos concretos y sus efectos posteriores no siempre coinciden.

Cuándo un contrato privado es válido y qué fuerza tiene

Un contrato firmado entre particulares no deja de valer por el mero hecho de no pasar por notaría. Conforme al artículo 1278 del Código Civil, la regla general es que los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que se celebren, siempre que concurran las condiciones esenciales para su validez. Esto obliga a diferenciar cuatro planos: validez del contrato, forma documental, fuerza probatoria y efectos frente a terceros.

Además, el artículo 1225 establece que el documento privado legalmente reconocido tiene la misma eficacia entre quienes lo suscribieron y sus causahabientes que la escritura pública en lo relativo a las declaraciones contenidas en él. Ahora bien, eso no significa que siempre produzca idénticos efectos en cualquier contexto. Si se inicia una reclamación judicial, habrá que valorar la documentación, la autenticidad de las firmas, los actos posteriores de las partes y el conjunto de la prueba disponible.

También conviene recordar que el artículo 1280 del Código Civil enumera ciertos actos y contratos que deberán constar en documento público. Esa previsión debe leerse con cuidado: no autoriza a concluir sin más que todo lo no elevado a público sea inexistente o inútil, pero sí indica que en determinadas operaciones la forma documental pública puede ser legalmente exigible o especialmente relevante para su plena eficacia.

Cuándo conviene elevar un contrato a escritura pública

Elevar a público un contrato puede ser aconsejable cuando la operación tiene un valor económico relevante, afecta a bienes inmuebles, puede requerir inscripción registral o interesa reforzar la seguridad jurídica. También puede convenir si las partes quieren dejar cerrada la identificación, la capacidad, la fecha y el contenido del acuerdo con intervención notarial.

El artículo 1279 del Código Civil añade un punto importante: si la ley exige documento público o si las partes lo hubiesen convenido, pueden compelerse recíprocamente a otorgar escritura pública. Es decir, no siempre es obligatorio desde el inicio, pero puede existir el derecho a exigir después esa formalización.

En la práctica, suele ser razonable valorar la escritura pública en compraventas con trascendencia registral, constitución o modificación de derechos reales, préstamos con garantías o pactos complejos en los que una futura controversia pueda resultar costosa. La conveniencia dependerá del tipo de negocio, del riesgo asumido y de los efectos que se busquen fuera de la relación interna entre las partes, especialmente tras una revisión de contratos.

Qué cambia en la prueba, la fecha y los efectos frente a terceros

Aquí es donde la diferencia práctica suele ser mayor. El documento público suele ofrecer una base probatoria más sólida sobre quién otorgó el contrato, cuándo y en qué términos. En cambio, el documento privado puede ser plenamente útil, pero puede generar más debate si una de las partes niega la firma, discute la fecha o cuestiona el alcance de lo pactado.

Respecto de la fecha, el artículo 1227 del Código Civil exige prudencia: frente a terceros, la fecha del documento privado no se presume de la misma manera que entre las partes, y su eficacia dependerá de los supuestos legalmente previstos y de cómo se acredite en cada caso. Por eso se habla a menudo de fecha fehaciente, aunque conviene no simplificar en exceso ni dar por sentado que cualquier documento privado la produce automáticamente frente a terceros.

En operaciones con proyección externa, como aquellas en las que pueda haber acreedores, adquirentes posteriores o necesidad de inscripción, los efectos frente a terceros pueden variar de forma relevante. No basta con que el contrato sea válido internamente: habrá que analizar si la forma documental elegida permite hacerlo valer con la misma intensidad fuera de esa relación bilateral y su prueba de un contrato verbal.

Errores frecuentes al comparar contrato privado y contrato público

• Pensar que todo contrato privado “no vale”. Es incorrecto: muchos contratos son válidos sin notario si concurren los requisitos esenciales.
• Confundir validez con facilidad para probarlo. Un contrato puede ser válido y, aun así, plantear más dificultades de prueba.
• Creer que escritura pública y contrato son siempre lo mismo. La escritura puede documentar un negocio ya perfeccionado y reforzar determinados efectos.
• Olvidar a los terceros. Lo que funciona entre firmantes no siempre produce idénticos resultados frente a terceros.
• Mezclar esta cuestión con la contratación pública administrativa. Son materias distintas.

En resumen, la diferencia entre contrato privado o contrato público no se resuelve diciendo que uno valga y el otro no. La clave está en distinguir la validez del acuerdo de su forma documental, su prueba y su eficacia frente a terceros. El error más común es creer que todo contrato privado carece de valor jurídico.

Si la operación es relevante, afecta a inmuebles, puede tener consecuencias registrales o previsiblemente exigirá acreditación sólida en el futuro, puede convenir revisar el caso y la documentación antes de firmar y valorar si interesa otorgar escritura pública.